Ganancias, de la democracia sometida
El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, señaló en una entrevista periodística el 6 de octubre de 2022, que “Hay que ser prudentes. Nosotros [en referencia a los jueces de la Corte Suprema] tenemos grandes responsabilidades.”
Lorenzetti opinó que “tanto la población como los jueces y juezas tienen que ser firmes”. “La ley tiene que ser igual para todos.
Quien lo afirma es el mismo supremo que intervino en la Acordada 20/1996, por la que declara inaplicables las derogaciones para magistrados y funcionarios dictada en la ley 24.631 sancionada dicho año por el Congreso de la Nación. Entonces, la plena vigencia del principio de igualdad ante la ley, norma fundamental del Estado de derecho, es desterrada por el vandalismo supremo.
El 22 de diciembre de 2016 el Parlamento nacional sancionó la ley 27.346, disponiendo que todos los funcionarios y magistrado que asumieran sus funciones a partir del 1 de enero de 2017, debían pagar el impuesto a las Ganancias. Desde entonces hay funcionarios de la justicia que pagan el impuesto y otros que retienen un injusto e inconstitucional privilegio. Nada nuevo bajo el sol que quema a unos y entibia a otros según la regulación impune de lo que desde antaño conocemos como el poder real.
Lorenzetti es apenas un servidor de dicho poder, abundan muchos en el terreno político-empresarial-judicial y sindical. No hace falta andar mucho sobre los archivos para encontrar patrullar mercenarias como la conducida por Julio Piumato, en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). El mismo que marcho aquel miércoles 18 de febrero de 2015 con lo más concentrado de la derecha política y judicial reivindicando juicio y castigo por el asesinato al fiscal Nisman. Un crimen que no existió como quedó demostrado con todas las pericias que abundan de ambos lados de los interesados en cargar la culpa a la ex presidenta Cristina Fernández. Sin embargo, el relato de poderosa industria mediática de la derecha aún sigue asesinando la verdad con el único objetivo de desmoronar la figura de Cristina de Kirchner y sobre todo a juzgar por el fracturado e inerte Frente de Todos, evitar cualquier tipo de alianza que supere el posibilismo político y la convivencia con la vieja lógica de colaborar con el poder real que se propone llevarse puesto al gobierno.
El tema del impuesto a las Ganancias para todos los jueces, sin coronita que valga, es tan solo una parte de la batalla política en el país donde la pobreza, la indigencia, la pérdida del poder adquisitivo se expande tan peligrosamente como el mal humor social.
Hay batallas superiores sin resolver y apenas algo más de un año para recuperar un Estado con el coraje necesario de gobernar para los intereses populares.
En medio de tanto desamparo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, llamó a “pasar urgente a la etapa redistributiva” de los ingresos de los sectores populares. “Si esto no se hace, se corre el riesgo” de que los sectores del poder concentrado acumulen la riqueza generada durante estos meses de recuperación y “empiecen a buscar una salida especulativa” con su idea de sostener sus descomunales ganancias.
Sin dudas no alcanza con comprobar las pruebas que se acumulan de manera contundente contra el intento de asesinato de la Vicepresidenta Cristina Kirchner, no basta ante una impunidad sin límites de jueces y fiscales. Lo mismo con la causa de “los cuadernos de las coimas” que según La Nación y Clarín sostuvieron que era la causa con más pruebas (1.600 decían) que inculpaban a Cristina. Ahora no pudieron ocultar que esos cuadernos tienen muchas manos, nada más, ni nada menos que 1.600 irregularidades en rescrituras, tachaduras, enmiendas, diferentes escrituras de otras manos, datos sin ninguna comprobación. Finalmente, la Vicepresidenta sobreseyó a la Vicepresidenta en dicha causa. No alcanza, porque sin la movilizada de la política, en calidad de sus bases populares y su organización nacional es final cantado para una derecha que sigue creciendo en su impunidad en tanto el gobierno y su alianza del Frente de Todos está cada vez más lejos de unir su voluntad con el pueblo concreto. Sigue el desgaste de negociaciones con espacios, organizaciones y viejas brigadas de colaboracionistas del poder real, en lo gremial, en lo territorial y en muchos dirigentes que hace rato abandonaron el sagrado derecho de enfrentar la injusticia. Entonces, el impuesto a las Ganancias es un planteo justo, pero mayor es recuperar al pueblo de sus pérdidas, y cambiar el rumbo de cómo se comunica lo central de la política.
