El desafío de discutir sobre la Deuda en las corrientes nacionales y populares
“Hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación, una es con la
espada, la otra es con la deuda” John Adams, Presidente de Estados Unidos (1796 – 1800)
El lunes 6 de marzo de 2023 a las 17 horas se va hacer una presentación con todos los sindicatos y centrales por el tema de la deuda, en el salón de SADOP- Perón 2625 – CABA
Es imprescindible que los trabajadores sindicalizados propongan al seno de la sociedad el problema de la deuda externa y el FMI.
Entre los firmantes y autores del proyecto se destacan Ricardo Aronskind, Marisa Duarte, Juan Pablo Costa, Roberto Feletti, Pablo Manzanelli, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Horacio Rovelli, Jose Sbatella, Guillermo Wierzba.
FORO ECONOMIA Y TRABAJO
LA DEUDA NO PUEDE MANDAR
NO SOMOS EL PROYECTO DEL DEFAULT
La sociedad argentina se encuentra nuevamente ante una encrucijada cuyos signos
más evidentes son la falta de reservas internacionales del Banco Central y las
constantes presiones devaluatorias, con su efecto sobre el incremento de precios, el
crecimiento de la pobreza y la indigencia.
Este escenario, con consecuencias productivas y sociales terribles, es fruto del brutal
endeudamiento que se arrastra, el incremento de las tasas de interés, las demandas
y presiones extorsivas devaluatorias de sectores productivos dolarizados y financieros
especulativos, las exigencias regresivas del programa vigente con el FMI, la crónica
fuga de capitales y las extensivas maniobras ilegales con el comercio exterior.
El gigantesco endeudamiento público bajo el gobierno de la alianza Pro-UCR (2015-
2019) con acreedores privados se centró en la emisión masiva de bonos en moneda
extranjera (con plazos de hasta 100 años) y bajo legislación de países centrales. No
se puso siquiera en consideración el antecedente de las consecuencias del atroz fallo
del juez Griesa de Nueva York a favor de «fondos buitres», sino, por el contrario, hubo
una riesgosa cesión de la soberanía jurídica nacional a manos de tribunales de otros
países.
Inducido, el proceso de especulación y quebranto tuvo como corolario el acuerdo
“stand by” con el FMI de 2018 que cubrió la huida de los Grandes Fondos de Inversión,
la fuga de capitales amigos y operó como sustento de la campaña por la reelección
de Mauricio Macri. Notablemente, éste, que había prometido «devolver la confianza de
los mercados en Argentina «, recibió el gobierno con un nivel de deuda pública por
debajo de los estándares internacionales gracias a la política de desendeudamiento
aplicada por el peronismo en los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina
Kirchner (2007-2015).
Con perversión, ¿quién puede dudarlo?, se llevó el país a un caos financiero y a la
mayor extranjerización-desnacionalización de su economía.
El actual gobierno, desde el momento mismo de su asunción fue compelido a
negociaciones por la deuda pública. Pero a pesar de los vicios invalidantes en la
gestión del empréstito por parte del Gobierno de Macri como en su otorgamiento por
parte del Fondo, la intransigencia de los acreedores jugando con el tiempo y el
fantasma del default fue y es permanente. No hay respuesta positiva a los reclamos
del Gobierno a ese organismo en relación a las sobretasas que injustamente se nos
imponen; a los mayores costos derivados de una guerra en Europa que nos es ajena,
pero que sí involucra a los países que deciden en su Directorio.
Es más, a pocos meses de asumir el gobierno a fines de 2019, se debió afrontar una
situación inédita en la historia reciente de la humanidad: la pandemia con
consecuencias negativas para la economía mundial y particularmente para los países
endeudados, como bien señaló el propio Fondo.
En relación a esta situación y en perspectiva, es necesario ponderar lo realizado a
través de políticas públicas activas no solo para garantizar la vacunación masiva
universal y la organización en emergencia de infraestructura de atención de la salud.
sino también para evitar mayores estragos sociales (Ingreso Familiar de Emergencia,
Tarjeta Alimentar) y productivos (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la
Producción).
Las acciones del Gobierno en la emergencia se llevaron adelante sin el acceso a
mercados internacionales de crédito, como sí lo hicieron muchos países, al estar
inhibida Argentina a hacerlo desde 2018 como consecuencia del quebranto derivado
de la calamitosa gestión macrista y. sus «expertos», los mismos que patéticamente hoy
vuelven a la carga con las mismas propuestas que llevaron al país al desastre.
El 3 de marzo de 2022 se anunció que se había arribado al actual “Acuerdo de
Facilidades Extendidas” con el FMI; al día siguiente, 4 de marzo, el Directorio del
Fondo decía sobre las derivaciones de la guerra entre Rusia y Ucrania: “…las
consecuencias económicas ya son muy graves. Los precios de la energía y las
materias primas —incluido el trigo y otros cereales— han aumentado, lo cual ha
agudizado las presiones inflacionarias derivadas de los trastornos en la cadena de
suministro y el repunte relacionado con la pandemia …”. El 25 de marzo de 2022, al
aprobar el Fondo el programa, esta realidad no fue tenida en cuenta. Efectivamente
tuvimos y tenemos significativos desequilibrios en los precios internacionales –
alimentos, energía- y de las tasas de interés que se aplican a nuestro país. El gobierno
ha reclamado sobre ello sin resultado positivo.
No dudamos en sostener que aun el constante impulso positivo de la actividad
económica y la recuperación del empleo desde 2021 se encuentra limitado por la
prioridad brindada a la deuda pública y las exigencias del FMI.
No es casual que los asalariados perdieran un 8,7% en el PBI desde 2016 a 2021 y
los empresarios ganaran en el mismo período un 6,8% 1
. El salario privado registrado
perdió entre el primer semestre entre el primer semestre de 2016 y el segundo de
2022 el 16,9%, el público registrado el 22,5% y el privado no registrado el 32,5%. La
tendencia al empeoramiento de las condiciones de vida de la mayor parte de la
población sigue profundizándose.
Los economistas que suscribimos este texto analizamos con realismo el cuadro de
situación y presiones que genera la deuda pública. Las exigencias derivadas se
traducen en el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayor parte de la
población y en creciente asfixia de nuestra economía. Ello exige un urgente cambio
en su tratamiento, en particular una renegociación con el Fondo.
NO A MÁS DE LO MISMO
La deuda pública Argentina en diciembre de 2015 era equivalente a 222.703 millones
de dólares, el 60% de la misma era intra sector público (en poder de la ANSeS, de los
bancos oficiales, de los fondos fiduciarios argentinos, etc.). En diciembre de 2019 pasó
a ser de 320.630 millones de dólares, el 40% de la misma intra sector público, 22,7%
organismos internacionales (mayormente el FMI por equivalente a 45.400 millones de
dólares) y 37,3% sector privado 2.
La deuda se incrementó en más de 100.000 millones de dólares durante la gestión
de la Alianza Pro-UCR y desmejoró sensiblemente su distribución, sobre todo por la
perentoriedad de los plazos. El último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
dejó vencimientos para 2015-2019 en concepto de capital de deuda en moneda
extranjera por 32.287 millones3
. Sin embargo, el gobierno macrista tomó el triple de
deuda de la que necesitaba para cancelar ese capital endeudado en dólares.
La pretensión de justificar el aumento de la deuda en dólares por el déficit fiscal es
falaz. El gasto público es esencialmente en pesos y no en dólares; una moneda que,
resulta evidente, Argentina no puede emitir.
Con fecha 21 de mayo de 2020 el Banco Central (BCRA) publicó el Informe «Mercado
de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019”; en el demuestra que
de la deuda tomada en la gestión de Cambiemos, la “fuga de capitales” del período
comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 alcanzó los 86.200 millones
de dólares. Ni el BCRA (que armó el listado), ni la AFIP dieron a conocer los nombres
de quienes compraron las divisas en que se endeudaba el Tesoro de la Nación de la
gestión de Cambiemos, pero sí se pudo conocer informalmente una lista jamás
desmentida por los interesados, ni por el BCRA, ni por la AFIP.
Los delitos de malversación de fondos y administración fraudulenta cometidos por
Mauricio Macri, su Ministro de Finanzas, Luis Caputo, y el Presidente del Banco
Central, Federico Sturzzeneger, en la contratación del crédito del Fondo Monetario en
2018, fueron cometidos para habilitar el posterior desvío de los recursos obtenidos en
beneficio de empresas y empresarios protegidos por el “secreto fiscal”, que fugaron
divisas, evadieron impuestos y posiblemente incurrieron en el delito de “lavado de
dinero”.
Esos hechos fueron denunciados por el Poder Ejecutivo en marzo de 2021. La causa
recayó en el Juzgado Federal Nro. 5, a cargo de la Jueza María Inés Capuchetti, sin
que a dos años haya tomado resoluciones coherentes con la gravedad de los mismos,
a pesar de que estos hechos constituyen un delito de acción pública, afectan la vida
de las y los argentinos, dejándolos a merced de decisiones de un organismo donde
predomina el voto de países extranjeros. La AFIP no ha actuado tampoco en
consonancia con la evidencia de una criminalidad fiscal de magnitud.
No puede caber ninguna duda sobre la urgencia de impulsar con celeridad esa causa
y la debida penalización, a la vista de las condiciones de un acuerdo cuya inviabilidad
social y económica se agravó a partir de que fue suscripto, por consecuencias que
debían haberse previsto y por eventos que se materializaron con posterioridad.
Más cuando a) la contratación del empréstito por el Gobierno de Macri, no contó con
la debida autorización del Congreso y se otorgó contraviniendo el estatuto del
prestatario, b) el acuerdo para su pago fue redactado con notoria mala praxis, causa
daños irreparables a la economía nacional, acrecienta el riesgo para la economía
mundial y la gestión del propio FMI.
ES PRECISO SALIR DEL CIRCULO VICIOSO
No es posible seguir con un «más de lo mismo». Los acuerdos tanto, en 2021, con
acreedores privados que actuaron con indudable riesgo en sus decisiones (“moral
hazard”); como con el FMI (2022), contienen condiciones que han sido invalidadas por
la realidad y no han hecho sino prorrogar un incumplimiento inevitable ante un cuadro
de situación inmanejable.
Es imprescindible que los trabajadores sindicalizados propongan al seno de la sociedad el problema de la deuda externa y el FMI. El lunes 6 de marzo de 2023 a las 17 horas se va hacer una presentación con todos los sindicatos y centrales por el tema de la deuda, en el salón de SADOP- Perón 2625 -CABA, para aprobar el documento que adjunto
La experiencia recorrida, insistimos, pone en evidencia que la política y los acuerdos
en relación al tratamiento de la deuda pública:
• No ponderaron la magnitud de los efectos de la pandemia del Covid 19 que hacía el
propio Fondo al momento de acordarlo, mucho menos los efectos de la guerra entre
Rusia y Ucrania declarada pocos días antes de su redacción, ni el inevitable
escenario de recesión con inflación mundial y crisis de deuda que está instalado para
2023.
• No contemplaron la estrechez en el corto plazo de disponibilidad de divisas líquidas
– es decir de inmediato acceso para afrontar pagos y giros al exterior cotidianos- que
inhibe y encarece importaciones esenciales y el funcionamiento de la economía
• Que si bien las causas de la inflación son motivo de diversas interpretaciones
ortodoxas y heterodoxas, con toda seguridad las imposiciones del acuerdo con el
FMI (eliminación de subsidios a servicios públicos; aceleración de la devaluación del
peso; la prioridad a las exportaciones – llevando a que los precios locales de
alimentos aumenten al ritmo de los internacionales-) junto a presiones extorsivas
de «los mercados» son factores inflacionarios centrales mientras se empuja hacia
abajo el poder de compra los salarios y las jubilaciones.
• La presión se agudiza ante los crecientes vencimientos de capital e intereses
previstos a partir del presente año en adelante.
• El debate sobre el rol, políticas, decisiones y condiciones para el acceso a recursos
del FMI tiene, por lo tanto, enorme significación. El monto de los intereses de la
deuda con el Fondo ha subido más de un 75 % en dólares desde marzo de 2022,
cuando se concretó el acuerdo. Por lo pronto, situaciones inesperadas implican no
poder afrontar compromisos ante un marco de alteraciones de precios, mayores
tasas de interés, cambios de flujos comerciales y de capitales e incertidumbre tanto
mundiales como locales: tensiones geopolíticas, alteraciones cambiarias, las
consecuencias del cambio climático, la sequía. Tales alteraciones imponen
condiciones financieras más severas que limitan más aún el acceso a fuentes
alternativas de financiamiento a países altamente endeudados como Argentina. O,
de acceder, debe hacerlo asumiendo altísimas tasas de interés, de tipo especulativo.
Es preciso salir de este círculo vicioso.
• El recorte del déficit que plantea el acuerdo con el FMI se traduce en su demanda de un ajuste socialmente intolerable y propicia una dureza monetaria que afecta la continuidad del crecimiento. Las mini-devaluaciones permanentes propiciadas por el
Fondo junto a los aumentos de tarifas impulsan la inflación y el proyectado
incremento de las reservas no es compatible con el proceso de fuga de divisas que
continúa. La inflación de casi tres dígitos en 2022 ha sido la repetición de la habitual
derivación de todos los acuerdos con el FMI desde 1958.
• Los monitoreos omnipresentes del FMI condicionan la política económica, obstruyen
la redistribución del ingreso vital para consolidar un camino de crecimiento, afectan
irreparablemente cualquier intento de planificación económica de mediano y largo
plazo, e inexorablemente la posibilidad de cumplimiento del acuerdo.
• Inversores especulativos, los denominados «fondos buitre», vuelven a la carga
operando con un mayor «riesgo país» con la expectativa de grandes ganancias
depredadoras, como las que realizaron durante el gobierno PRO-UCR.
SALIR DE LA ENCRUCIJADA
El contexto y la urgencia ante la caída de reservas del Banco Central en los últimos
meses ha obligado al gobierno a devaluar nuestra moneda en general y sobre
devaluarla (en un 35%) a favor de los grandes productores, acopiadores y
comercializadores de soja, para, en forma paralela, vender dólares más baratos a
algunos importadores.
La suba constante del precio del dólar encarece los alimentos, reduce el salario real
(pues el salario nominal no se incrementa en la misma proporción) y, dado el poder
concentrado de las grandes empresas alimenticias y de los supermercados, que
igualan el precio interno al externo, esa suba de precios carcome el poder adquisitivo
de las remuneraciones en pesos, de jubilaciones y pensiones, de los planes sociales,
hecho que comprime la demanda de los trabajadores de otros bienes y limita la
actividad industrial dirigida al mercado interno.
La caída en la demanda interna no se ve compensada por los ingresos y
multiplicadores de actividad y empleo generados por bienes exportables al mercado
mundial. Los mayores ahorros en divisas no se traducen en una demanda mayor de
bienes de capital dirigida al sector manufacturero local. Al contrario, se generalizan
maniobras cambiarias ilegales y se importan productos suntuarios, con lo que el
resultado es una minoría dolarizada beneficiada que acumula y desnacionaliza
capitales más que los que invierte en el país, en tanto el grueso de la población, debe
enfrentar una suba generalizada de los precios y sufre la caída recurrente en sus
condiciones de vida.
Adicionalmente, si la situación de la sequía- la más grave en los últimos 30 años- se
prolongará, sería indefectible una mayor caída del ingreso de divisas.
En la Argentina existe una relación inversamente proporcional entre el valor del dólar
y el valor del salario: si el dólar sube el salario real se cae. Como más del 70% de lo
que se produce en el país se destina al mercado interno (dependiendo esencialmente
de la capacidad adquisitiva del salario) y se vende al exterior productos y servicios
que básicamente también se consumen internamente, la regresividad se verifica rápidamente en un descenso de los salarios en dólares en Argentina, que han pasado
a ser menores aún que en países asiáticos caracterizados por bajos salarios. Con esta
tónica no se abre un horizonte de «salida exportadora» con «efecto derrame» para el
pueblo argentino. Por el contrario, se marcha a una recesión crónica, la instalación de
una economía de enclave basada en la explotación externa de recursos naturales y al
mayor crecimiento de la marginación social, en paralelo con la caída del poder
adquisitivo de los trabajadores, de los ingresos y las actividades de la mayor parte de
la población vinculada al mercado interno que vive en pesos y no en moneda
extranjera.
La experiencia histórica ha puesto en evidencia que las decisiones sobre la deuda
no deben ser reservados para supuestos expertos, la realidad indica que es urgente
reclamar una renegociación. Su magnitud y las condiciones derivadas afectan el
desenvolvimiento del país irreparablemente.
En este punto no es ocioso recordar algunas definiciones del Presidente Néstor
Kirchner en su mensaje ante el Congreso de la Nación del 1ro. de marzo de 2004:
“En todos los casos se trata de comprender que no existe otra posibilidad que el
crecimiento como garantía para la sustentabilidad interna, para el cumplimiento
externo …”
Queda claro que no existe margen para recurrir a ajustes ni al incremento del
endeudamiento. No pagaremos deuda a costa del hambre y la exclusión de millones
de argentinos, generando más pobreza y aumento de la conflictividad social para
que el país vuelva a explotar. Sería bueno que recordaran cuánto daban por sus
acreencias en el 2001, cuando gobierno, instituciones, políticos, el país, todo se
caía…”
No pagaremos a costa de que cada vez más argentinos vean postergado su acceso a la educación, la salud, la vivienda, el empleo decente. Creciendo nuestra
economía mejorará nuestra capacidad de pago….”.
“Como dijéramos aquí: no somos el proyecto del default. Sabemos que nuestra
deuda es un problema central. Pero no pagaremos de cualquier modo.”
Volviendo al presente diagnóstico, creemos no debe desvincularse a la discusión y la
ponderación de acciones y propuestas efectivas. Con tal perspectiva entendemos
que:
• Debe imprimirse urgencia al proceso judicial relativo a la contratación de la deuda,
la investigación pública de la fuga de capitales y la evasión fiscal, levantándose para
ello el secreto bursátil, bancario y fiscal que protege, increíblemente, a los
responsables,
• No debe demorarse un proceso de auditoría y reestructuración de la deuda pública incluso: el justificado requerimiento de quitas, la eliminación de sobrecargos
(reclamo reiterado por el gobierno ante el FMI) y la nulidad por su origen y destino
de endeudamientos privados endosados al sector público ocultando maniobras
ilegales comerciales, cambiarias y/o impositivas.
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• Debe exigirse al FMI que asuma las consecuencias derivadas hasta hoy y en
perspectiva del irregular otorgamiento del préstamo al país en 2018 y establecerse
una urgente revisión del acuerdo (mediante quita, eliminación de sobretasas, y
cambios de condiciones) pues no es sustentable y por las consecuencias que el
inevitable quebranto supondría como antecedente también para otros países
periféricos.
• En sintonía con la investigación de la fuga de capitales durante el gobierno de
Cambiemos, se debe reforzar la administración cambiaria sobre las divisas, con
enfásis sobre las que utilizan las grandes empresas para cancelar sus deudas de
capital e intereses.
• Debe impulsarse la aprobación de proyectos de ley ya en consideración en el
Parlamento Nacional, como ser : el de creación de un fondo en dólares para el pago
al FMI en base al ingreso de penalizaciones por el reconocimiento por sus titulares
de fondos en el exterior no declarados al fisco; el de limitar el accionar especulativos
de «fondos buitre» tomando como base posiciones de Argentina en foros
internacionales; el que hace a la liberación del secreto fiscal, bursátil y financiero
para ubicar e investigar personas y empresas sospechadas de evasión y/o lavado
vinculados con la fuga de capitales.
• Vistos sus desastrosos resultados, es imprescindible encarar la modificación de la
Ley de Entidades Financieras vigente desde 1977 por otra puesta al servicio del
desarrollo, la protección del ahorro y su canalización en el consumo y la inversión
nacionales. La Ley 21526, rémora jurídica de la dictadura terrorista, constituye el
núcleo del dispositivo legal del modelo de financierización del país. Las entidades
financieras deben tener una ley que organice su especialización. No puede existir
regulación igual para las locales privadas, las extranjeras o de capital de ese origen,
las cooperativas o las públicas. Tienen roles particulares y, por lo tanto, deben estar
sujetas a regulaciones específicas. La rigurosidad de las exigencias no pueden ser
menores para las denominadas “fintech” u otras plataformas que incluso
actualmente constituyen un canal de posible evasión tributaria y fuga de capitales.
En la perspectiva de encarar una posición macroeconómica sustentable, es prioritario
el sostenimiento del control de cambios y el cuidado de reservas a través de controles
claros y transparentes, combatiendo la subfacturación de exportaciones y la
sobrefacturación de importaciones, priorizando el acceso a divisas para garantizar
necesidades productivas y sociales que requieren, tanto en forma directa como
indirecta, importaciones o pagos al exterior.
Las divisas deben ser generadas genuinamente, es decir a partir de relaciones
complementarias y armónicas con el mundo. Son del país y deben ser
obligatoriamente ingresadas al Banco Central. Éstas son esenciales para el
sostenimiento y ampliación de la actividad productiva y el empleo. Nunca, y menos
aún en un período crítico, puede permitirse que las reservas del Banco Central sean
malversadas o dilapidadas.
La deuda, con sus paralelas exigencias condicionales, genera metas fiscales restrictivas y regresivas que apuntan a quitarle medios y potencia al Estado Nacional,
disminuyendo y desarticulando su rol esencial para impulsar un desarrollo armónico con eje en la producción, el trabajo, la Justicia Social, la defensa de los recursos y la
soberanía nacional.
Indefectiblemente, debe revertirse la prioridad recurrente a juegos financieros
globalizados, cuyos desaguisados pagamos quienes no somos responsables de ellos,
que limitan la vigencia de la democracia, y el despliegue indispensable de un plan de
desarrollo armónico, inclusivo e integrador de nuestra Patria.
El intento de aminorar las restricciones externas derivadas de la crisis de la deuda que
incubó el gobierno de Cambiemos, es inconducente para los intereses nacionales si
no se avanza al mismo tiempo con la necesaria recomposición de los salarios y una
mejor distribución del ingreso, las cuales deberían constituir la principal prioridad
política.
Romper la esclavitud de la deuda es imprescindible y urgente para poder modificar la
dependencia financiera que nos agobia y empuja a un nuevo quebranto.
Ricardo Aronskind, Marisa Duarte, Juan Pablo Costa, Roberto Feletti, Pablo Manzanelli,
Jorge Marchini, Felisa Miceli, Horacio Rovelli, Jose Sbatella, Guillermo Wierzba.
Trabajo preliminar: Horacio Rovelli, Guillermo Wierzba
FORO ECONOMÍA Y TRABAJO
El Foro Economía y Trabajo es integrado por economistas y otros especialistas a propuesta
de las organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que
integran el movimiento sindical argentino, así como a los aportes de organizaciones
representativas de las PyME, cooperativas y de la economía popular. Sus documentos y
definiciones corresponden a sus autores, que tienen nuestro agradecimiento, que se
extiende a quienes consideran la propuesta de articular un programa común del movimiento
sindical acorde a la Justicia Social y el interés nacional.
Coordinan: Vicente Alvarez, Eduardo Berrozpe
