La justicia que falta
Por Mate amargo /Informe Guillermo Morano
Los organismos de los Derechos Humanos libran una batalla permanente por hacer Justicia. Aún no sabemos dónde están los treinta mil desaparecidas/dos. Muchas causas abiertas, (según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad), a la fecha hay 1025 condenados.
En el presente hay 73 causas que esperan a que un tribunal oral fije fecha para el comienzo de las audiencias. En total (resume Luciana Bertoia, en Página 12) son 626 las causas abiertas por delitos de lesa humanidad. La mayoría de ellas –278– aún se están
instruyendo, lo que muestra a las claras que, a 45 años del golpe, es mucho lo que falta por saber o por sancionar. Y 254 ya cuentan con sentencia. Son decenas aún las causas que no están firmes, ya sea por demoras en la Corte Suprema o en la Cámara de Casación Federal.
Detrás de estas causas hay sangre, muerte, desapariciones, apropiación de niños, torturas, centros clandestinos de detención, crímenes sin castigo, operaciones criminales ordenadas en embajadas, políticos que traicionaron a su pueblo, sindicalistas que entregaron a sus mejores militantes. Mucho de tanta escoria sigue presente entre nosotros y con un gran poder estructural, incluso, muchos son funcionales al poder económico. No son la burocracia sindical, son los colaboracionistas del fascismo que vino a imponer el saqueo perpetuo del neoliberalismo. Algunos de estos son servicios de las clases dominantes, esconden su odio de clase detrás de sus viejos escritorios de secretarios generales de sus gremios mantenidos a sangre, muerte, engaño y con mucho dinero. La historia está a media escritura, como la democracia que patalea por zafar del cepo de los saqueadores.
En los primeros días del golpe, la juventud militante, sindical y universitaria fue secuestrada, torturada y asesinada. Hay mucha documentación, libros como Los jerarcas Sindicales, de Jorge Correa, documenta la responsabilidad y operaciones del colaboracionismo sindical.
En Apuntes para una discusión sobre la resistencia obrera, obra coordinada por Sandra Raggio, bajo el título LA CLASE TRABAJADORA DURANTE LA ULTIMA DICTADURA MILITAR ARGENTINA 1976-1983.
Sus autoras, Victoria Basualdo, con la colaboración de Ivonne Barragán y Florencia Rodríguez, revelan tanto ocultamiento.
“Dirigentes y activistas fueron muertos, presos, desaparecidos,
exiliados. Las cifras, aunque imprecisas, tienen contornos
siniestros y horrorosos; se cuentan no por individuos sino por
centenares, por miles. Hubo ejecuciones en las fábricas y violencias físicas y psicológicas tendientes a aterrorizar a los obreros. Se prohibieron asambleas y reuniones. Se montó un sistema complejo de prevención: el reclutamiento obrero comenzó a
hacerse de modo provisional; solamente después de informar a
inteligencia de las fuerzas de seguridad y recibida la respuesta
de éstos se adquiría una relativa estabilidad en el trabajo. Es
obvio que un antecedente como activista impedía el acceso.
Este sistema estuvo vigente en las zonas industriales del país
por lo menos hasta 1979. La estabilidad en las fábricas
dependía ahora no solamente de la eficiencia, de la clasificación o de la disciplina sino de la adaptación ideológica.”
El 67% de los desaparecidos son trabajadores, y fundamentalmente se apuntó a destruir a los activistas, delegados, y algunos
secretarios generales (…). A nivel de los dirigentes intermedios
fue tremendo, porque había que fracturar ese poder posible de
los trabajadores organizados: eran los delegados de fábrica, los
militantes los que construían todos los días ese poder que tenía
la clase trabajadora. Ahí apuntó sin lugar a dudas la dictadura
militar y fue sin piedad. Se entraba a una fábrica, se la tomaba
por el Ejército, y delante de todo el personal se nombraba a los
que habían sido delegados o militantes. Se los llevaban, desaparecían, y después terminaban muertos, 15 o 20 días después,
tirados en las puertas de las fábricas o en los basurales.”
