Parar los atropellos contra la soberanía nacional LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEBE DEROGAR EL VERGONZOSO DECRETO 70/2023

Los agravios en nuestro país siguen siendo inverosímiles. Con un fallo sorprendente por su improvisación y descaro la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la causa planteada por el Centro de Ex combatientes Islas Malvinas (La Plata) contra la aplicación del artículo 154 del vergonzoso Decreto de Necesidad de Urgencia 70/2023 del actual gobierno, que anulaba la Ley 26.737 Ley de Tierras, que limitaba la propiedad de tierras rurales del país a personas o empresas del exterior.
FIRMANTES • Central Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), Raúl Hutin • Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Julián Moreno. • Confederación General de la Producción ( CGP) , Gastón Borsini • Cámara Económica Sanmartinense (CES) – Juan Ciolli • Asociación para la Pequeña y Media Empresa de Santa Fe (ASOPYME), Mario Galizzi • Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de San Martín (CAPYME), Juan Ciolli. • Unión Industrial de Moreno. Pcia. de Buenos Aires (UIA- Moreno), Gabriel Muñiz• Unión Industrial de San Martín, Pcia. de Buenos Airs ( UIA- San Marín), Norberto Fedele. • Movimiento Productivo 25 de Mayo ( MP25M), David Selser • Pymes Sur, Carlos Norryh • Casa Ciudadana de Piñeiro- Avellaneda, Hugo Fernández Contacto de prensa: Jorge Marchini: +54 911 49377359 9 de octubre de 2026

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Parar los atropellos contra la soberanía nacional LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEBE DEROGAR EL VERGONZOSO DECRETO 70/2023 Los agravios en nuestro país siguen siendo inverosímiles. Con un fallo sorprendente por su improvisación y descaro la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la causa planteada por el Centro de Ex combatientes Islas Malvinas (La Plata) contra la aplicación del artículo 154 del vergonzoso Decreto de Necesidad de Urgencia 70/2023 del actual gobierno, que anulaba la Ley 26.737 Ley de Tierras, que limitaba la propiedad de tierras rurales del país a personas o empresas del exterior. La Corte Suprema, de tal forma, rehabilitó la vigencia plena del DNU 70/2023 con un fallo basado solo en referencias de forma, sin siquiera poner en consideración los sólidos argumentos del fallo de marzo de 2024 de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (Sala II) que había declarado inconstitucional el artículo 154 del Decreto. Éste señaló con consistencia jurídica, que no existían por el entonces recién asumido gobierno de Javier Milei, «circunstancias imprevisibles o de extrema gravedad que impidieran al Congreso de la Nación debatir y sancionar una ley mediante los canales legislativos ordinarios», ponderando asimismo en forma clara que «la modificación de un régimen de propiedad y soberanía territorial mediante un DNU implicaba un exceso en el ejercicio de las facultades reglamentarias del Ejecutivo» Lo vergonzoso del fallo de los tres jueces de la Corte, es mucho más notable ante el hecho que la ciudadanía se manifestó masivamente el 6 de agosto, en la Plaza del Congreso, llevando a que los legisladores nacionales reflexionaran y no incluyeran en el tratamiento del “Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» los capítulos vinculados, a la extranjerización de la tierra y a las modificaciones de la Ley Nacional del manejo del fuego. La defensa de la soberanía no es un capricho ni un juego patriotero, como hace hoy el gobierno para malversar el reclamo histórico por las Islas Malvinas, mientras impulsa la entrega del patrimonio nacional. Las riquezas naturales del país son propiedad del pueblo de la Nación. Su enajenación, como la que observamos en lo inmediato en el boom petrolero de Vaca Muerta para empresas y corporaciones petroleras gozando prebendas impositivas y normativas gigantescas, permitiendo super-beneficios inéditos por altísimas rentas agigantadas ante altos precios mundiales por la guerra en Medio Oriente. La entrega de las riquezas del país que avala ahora la Corte Suprema evidencia un país dividido por una política económica regresiva: una minoría privilegiada cada vez más concentrada para una economía de enclave basada en el usufructo de los recursos del país y la especulación financiera, y una gran mayoría de la sociedad y de empresas industriales, comerciales y de servicios deprimidas y/o marginadas. El rechazo de los pequeños y medianos empresarios a esta política de entrega de soberanía es terminante. Las entidades pymes nacionales llamamos a que los legisladores nacionales, como representantes del pueblo argentino, prestigien la Cámara de Diputados de la Nación. No deben dejarse llevar por componendas, manipulaciones, extorsiones y engaños. Deben votar sin demora la derogación al DNU 70/2023, ratificando el rechazo ya aprobado formalmente por la Cámara de Senadores de la Nación, La dignidad nacional requiere una decisión parlamentaria democrática contundente. FIRMANTES • Central Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), Raúl Hutin • Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Julián Moreno. • Confederación General de la Producción ( CGP) , Gastón Borsini • Cámara Económica Sanmartinense (CES) – Juan Ciolli • Asociación para la Pequeña y Media Empresa de Santa Fe (ASOPYME), Mario Galizzi • Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de San Martín (CAPYME), Juan Ciolli. • Unión Industrial de Moreno. Pcia. de Buenos Aires (UIA- Moreno), Gabriel Muñiz• Unión Industrial de San Martín, Pcia. de Buenos Airs ( UIA- San Marín), Norberto Fedele. • Movimiento Productivo 25 de Mayo ( MP25M), David Selser • Pymes Sur, Carlos Norryh • Casa Ciudadana de Piñeiro- Avellaneda, Hugo Fernández Contacto de prensa: Jorge Marchini: +54 911 49377359 9 de octubre de 2026