Abolir el Banco Mundial y el FMI, y reemplazarlos por otras instituciones multilaterales
1944-2024, 80 años de intervenciones del Banco Mundial y del FMI, ¡basta ya!
Por Eric Toussaint
80 años de neocolonialismo financiero y de imposición de políticas de austeridad en nombre del pago de la deuda. ¡80 años son suficientes! Las instituciones de Bretton Woods deben ser abolidas y sustituidas por instituciones democráticas al servicio de una bifurcación ecológica, feminista y antirracista.
Entre los ejemplos más conocidos, citemos la dictadura del Shah del Irán después del derrocamiento del Primer ministro Mossadegh en 1953, la dictadura militar en Guatemala instaurada por Estados Unidos después del derrocamiento en 1954 del gobierno progresista del presidente, democráticamente elegido, Jacobo Arbens, el de Duvalier en Haití a partir de 1957, la dictadura del general Park Chung hee en Corea del Sur a partir de 1961, la dictadura de los generales brasileños a partir de 1964, la de Mobutu en el Congo y de Suharto en Indonesia a partir de 1965, la de los militares en Tailandia, a partir de 1966, la de Idi Amin Dada en Uganda y la del general Hugo Banzer en Bolivia en 1971, la de Ferdinand Marcos en Filipinas a partir de 1972, la de Augusto Pinochet en Chile, la de los generales uruguayos y la de Habyarimana en Ruanda a partir de 1973, la junta militar argentina a partir de 1976, el régimen de Arap Moi en Kenia a partir de 1978, la dictadura en Pakistán a partir de 1978, el golpe de Estado de Saddam Hussein en 1979 y la dictadura militar turca a partir de 1980. La de Ben Ali en Túnez desde 1987 a 2011, la Mubarak en Egipto desde 1981 a 2011.
Entre las otras dictaduras apoyadas por el Banco Mundial señalemos la de Somoza en Nicaragua hasta su derrocamiento en 1979. Algunas todavía están en el poder: la dictadura de Idriss Déby en Chad, la de Sissi en Egipto y tantas otras…
También hay que recordar el apoyo a dictaduras en Europa como la del general Franco en España y la de Salazar en Portugal. Sin olvidar el sostén a Ceaucesco en Rumania.
El Banco Mundial considera que el respeto de los derechos humanos no forma parte de su misión
Muy claramente, el Banco Mundial sostuvo metódicamente a regímenes despóticos, que habían surgido o no de un golpe de Estado, que practicaban una política antisocial y cometían crímenes contra la humanidad. El Banco hizo prueba de una falta total de respeto por las normas constitucionales de sus países miembros. El Banco Mundial nunca dudó en sostener militares golpistas y criminales económicamente dóciles frente a gobiernos democráticos. Y por causa evidente: el Banco Mundial considera que el respeto de los derechos humanos no forma parte de su misión.
El apoyo aportado por el Banco Mundial al régimen del apartheid en Sudáfrica desde 1951 hasta 1968 no debe desaparecer de la memoria. El Banco Mundial rechazó, explícitamente, aplicar una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada en 1964, que ordenaba a todas las agencias de la ONU a dejar de sostener financieramente a Sudáfrica ya que ese país violaba la Carta de las Naciones. Ese apoyo y la violación del derecho internacional que implica, no deberían permanecer impunes.
Finalmente, el Banco Mundial, durante los años 1950 y 1960, concedió sistemáticamente préstamos a las potencias coloniales y a sus colonias para proyectos que permitían aumentar la explotación de los recursos naturales y de los pueblos en provecho de las clases dirigentes de las metrópolis. Es, en ese contexto, que el Banco Mundial se negó a aplicar una resolución de las Naciones Unidas adoptada en 1965, que llamaba a no apoyar financiera y técnicamente a Portugal si éste no renunciaba a su política colonial. [1]
Las deudas contraídas con el Banco Mundial por decisión del poder colonial de las colonias de Bélgica, Inglaterra y Francia fueron impuestas posteriormente a los nuevos países en el momento de sus accesos a la independencia.
El sostén del Banco Mundial a regímenes dictatoriales se expresa por la concesión de un apoyo financiero así como por una asistencia tanto técnica que económico. Ese apoyo financiero y esa asistencia ayudaron a los regímenes dictatoriales a mantenerse en el poder para perpetrar sus crímenes. El Banco Mundial también contribuyó a que los regímenes no estuvieran aislados en la escena internacional ya que esos préstamos y esa asistencia técnica siempre facilitaron las relaciones con los bancos privados y las empresas transnacionales. El modelo neoliberal se impuso progresivamente en el mundo a partir de la dictadura de Augusto Pinochet en 1973 en Chile y de Ferdinand Marcos en Filipinas en 1972. Esos dos regímenes fueron activamente apoyados por el Banco Mundial. Cuando esos regímenes dictatoriales tocaban a su fin, el Banco Mundial, sistemáticamente exigió a los gobiernos democráticos siguientes que asumieran las deudas contraídas por sus predecesores. En resumen, la ayuda financiera cómplice del Banco con las dictaduras es transformaba en una carga para las poblaciones. Actualmente éstas tienen que reembolsar las armas compradas por los dictadores para oprimirlas.
En los años 1980, y en los años 1990, un gran número de dictaduras se desplomaron, algunas por embestidas de potentes movimientos democráticos. Los regímenes que sucedieron a las dictaduras generalmente aceptaron las políticas recomendadas o impuestas por el Banco Mundial y el FMI, y continuaron con el pago de una deuda que, sin embargo, era odiosa. El modelo neoliberal, después de ser impuesto con la ayuda de las dictaduras, fue mantenido gracias al yugo de la deuda y los planes de ajuste estructural. Efectivamente, después del derrocamiento o el desplome de las dictaduras, los gobiernos democráticos prosiguieron con la aplicación de políticas que constituyen una ruptura con las tentativas de poner en marcha un modelo de desarrollo parcialmente autónomo. La nueva fase de la mundialización comenzada en los años 1980, en el momento de la explosión de la crisis de la deuda implicó, en general, una subordinación acentuada de los países en desarrollo (los países de la Periferia) en relación con los países más industrializados (los países del centro).
La agenda oculta del Consenso de Washington
Desde el comienzo de las actividades del Banco Mundial y del FMI, un mecanismo a la vez simple de comprender y complejo de instaurar permitió someter las principales decisiones del Banco Y del FMI a las orientaciones del gobierno de Estados Unidos. Algunas veces, algunos gobiernos europeos (Gran Bretaña, Francia, y Alemania, en particular) y el de Japón tuvieron voz y voto pero los casos son raros. A veces, se producen fricciones entre la Casa Blanca y la dirección del Banco Mundial y del FMI, pero un análisis riguroso de la historia desde la Segunda Guerra Mundial muestra que hasta aquí y ahora, es, sin lugar a dudas, el gobierno de Estados Unidos que siempre tuvo la última palabra en los ámbitos que le interesaban directamente.
Fundamentalmente, la agenda oculta del Consenso de Washington. Esta es una política que tiene por objetivos garantizar el mantenimiento del liderazgo de Estados Unidos a escala mundial y al mismo tiempo eliminar del capitalismo los límites que se le habían impuesto en la segunda posguerra. Esos límites eran el resultado combinado de potentes movilizaciones sociales tanto en el Sur como en el Norte, de un comienzo de emancipación de algunos pueblos colonizados y tentativas para salir del capitalismo. El Consensos de Washington, es también la intensificación del modelo productivista.
La agenda oculta, la que realmente se aplica, tiene por fin la sumisión de las esferas pública y privada de todas las sociedades humanas a la lógica de la búsqueda del máximo beneficio en el marco del capitalismo. La puesta en práctica de esa agenda oculta implica la reproducción de la pobreza (y no su reducción) y el aumento de las desigualdades
Durante las últimas décadas, en el marco de ese Consenso, el Banco Mundial y el FMI reforzaron sus medios de presión sobre un gran número de países al aprovechar la situación creada por la crisis de la deuda. El Banco Mundial desarrollo sus filiales (Sociedad Financiera Internacional-SFI; Agencia multilateral de garantía de inversiones-AMGI; Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones –CIADI) de manera de ir tejiendo una red cada vez más cerrada.
Por ejemplo, el Banco Mundial concede un préstamo a condición de que el sistema de distribución y de saneamiento del agua se privatice. En consecuencia, la empresa pública se vende a un consorcio privado en el que, como por azar, se encuentra el SFI, filial del Banco Mundial.
Cuando la población afectada por la privatización se rebela contra el brutal aumento de las tarifas y la bajada en la calidad del servicio, y que las autoridades públicas se vuelven contra la empresa transnacional depredadora, la gestión del litigio se confía al CIADI, que es a la vez juez y parte.
Y eso es precisamente lo que pasó en El Alto, Bolivia, en 2004-2005.
La colaboración entre el Banco Mundial y el FMI es también fundamental con el fin de ejercer la presión máxima sobre los poderes públicos. Y para perfeccionar su tutela sobre la esfera pública y las autoridades, para llevar más adelante la generalización del modelo, la colaboración del dúo banco Mundial/FMI se extiende a la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde su nacimiento en 1995.
Esta colaboración cada vez más estrecha entre el Banco, el FMI y la OMC forma parte de la agenda del Consenso de Washington.
Una diferencia fundamental separa la agenda proclamada del Consenso de Washington de su versión oculta.
La agenda proclamada tiene por objetivo reducir la pobreza por el crecimiento, el libre juego de las fuerzas del mercado, el libre comercio y la mínima intervención posible de los poderes públicos.
La agenda oculta, la que realmente se aplica, tiene por fin la sumisión de las esferas pública y privada de todas las sociedades humanas a la lógica de la búsqueda del máximo beneficio en el marco del capitalismo. La puesta en práctica de esa agenda oculta implica la reproducción de la pobreza (y no su reducción) y el aumento de las desigualdades. Implica también una estagnación, incluso una degradación de las condiciones de vida de una gran mayoría de la población mundial, junto a una concentración en fuerte aumento de la riqueza. También implica, la prosecución de la degradación de los equilibrios ecológicos que pone en peligro el propio futuro de la humanidad.
Una de las numerosas paradojas de la agenda oculta, es que en nombre del fin de la dictadura del estado y de la liberación de las fuerzas de mercado, los gobiernos aliados a las transnacionales utilizan la acción coercitiva de las instituciones públicas multilaterales (Banco Mundial-FMI-OMC) para imponer su modelo a los pueblos.
La ruptura como salida
Por todo lo explicado, es necesario romper radicalmente con el Consenso de Washington, con el modelo aplicado por el Banco Mundial.
El Consenso de Washington no debe entenderse como un mecanismo de poder y un proyecto que se limitan al gobierno de Washington, flanqueado por el infernal trío. La Comisión Europea, la mayor parte de los gobiernos europeos, y el gobierno japonés adhirieron al Consenso de Washington, y tradujeron a sus propios idiomas proyectos constitucionales y programas políticos.
La ruptura con el Consenso de Washington, si solo se limita al fin del liderazgo de Estados Unidos reemplazado por el trío Banco Mundial-FMI-OMC no constituye una alternativa ya que las otras grandes potencias están preparadas para tomar el relevo de Estados Unidos para proseguir con objetivos bastante parecidos. Imaginemos por un momento que la Unión Europea suplanta a Estados Unidos como líder mundial. Eso no mejorará fundamentalmente la situación de los pueblos del planeta puesto que ha sido el reemplazo de un bloque capitalista del Norte (uno de los polos de la Triada) por otro. Imaginemos otra posibilidad: el refuerzo del bloque China-Brasil-India-Sudáfrica-Rusia que suplantarían a los países de la Triada. Si ese bloque se mueve por la lógica actual de los gobiernos establecidos y por el sistema económico que los rige, tampoco habrá una verdadera mejora.
Hay que reemplazar el Consenso de Washington por un Consenso de pueblos fundado en el rechazo al capitalismo.
Hay que reemplazar el Consenso de Washington por un Consenso de pueblos fundado en el rechazo al capitalismo
Hay que cuestionar radicalmente el concepto de desarrollo estrechamente ligado al modelo productivista. Ese modelo de desarrollo excluye la protección de las culturas y de su diversidad; agota los recursos naturales y degrada de manera irremediable el medio ambiente. Ese modelo considera la promoción de los derechos humanos, como mucho, como un objetivo a alcanzar a largo plazo (pero, a largo plazo, estaremos todos muertos); lo más frecuente, la promoción de los derechos humanos es percibida como un obstáculo para el crecimiento; el modelo considera la igualdad como un obstáculo, incluso un peligro.
Romper con la espiral infernal del endeudamiento
La mejora de las condiciones de vida de los pueblos mediante el endeudamiento es un fracaso. El Banco Mundial pretende que para desarrollarse, los países en desarrollo [2] deben recurrir al endeudamiento externo y atraer inversores extranjeros. Ese endeudamiento sirve principalmente a comprar equipamientos y bienes de consumo a los países más industrializados. Los hechos demuestran, día tras día, que eso no conduce al desarrollo.
Son los países en desarrollo los que proveen de capitales a los países más industrializados, a la economía estadounidense en particular. El Banco Mundial no decía otra cosa en un informe publicado en 2003: «Los países en desarrollo, tomados en conjunto, son prestadores netos con respecto a los países desarrollados
Según la teoría económica dominante, el desarrollo del Sur no avanza a causa de una insuficiencia de capitales domésticos (insuficiencia del ahorro local). Siempre según esa teoría, los países que desean emprender o acelerar su desarrollo deben llamar a capitales externos utilizando tres vías: en primer lugar, endeudándose en el exterior; en segundo lugar, atraer las inversiones extranjeras y en tercer lugar, aumentar las exportaciones para procurarse las divisas necesarias para la compra de bienes extranjeros que permitan proseguir su desarrollo. Para los países más pobres, se trata de atraer también donativos comportándose como buenos alumnos de los países desarrollados.
La realidad contradice esa teoría: son los países en desarrollo los que proveen de capitales a los países más industrializados, a la economía estadounidense en particular. El Banco Mundial no decía otra cosa en un informe publicado en 2003: «Los países en desarrollo, tomados en conjunto, son prestadores netos con respecto a los países desarrollados». [3]
Si los movimientos populares accedieran a los gobiernos en varios países PED y pusieran en marcha su propio banco de desarrollo y su propio fondo monetario internacional, esos países serían perfectamente capaces de prescindir del Banco Mundial, del FMI y de las instituciones financieras privadas de los países más industrializados.
No es cierto que los PED deban recurrir al endeudamiento para financiar su desarrollo. Actualmente, el recurso a la deuda sirve esencialmente a asegurar la continuación de los pagos. A pesar de la existencia de importantes reservas de cambio, los gobiernos y las clases dominantes del Sur no aumentan ni la inversión ni los gastos sociales.
Es necesario romper con la visión dominante que ve en el endeudamiento una necesidad absoluta. Además, no hay que dudar en abolir o repudiar las deudas odiosas e ilegítimas.
Abolir las deudas odiosas
Según la doctrina jurídica de la deuda odiosa cuya teoría desarrolló Alexander Sack en 1927 (Sack, 1927), una deuda es «odiosa» cuando se juntan dos condiciones esenciales:
1.- La ausencia de beneficio para la población: la deuda no fue contraída en nombre del interés del pueblo y del Estado, sino contra su interés y/o por el interés personal de dirigentes y de personas próximas al poder.
2.- La complicidad de los prestamistas: los acreedores sabían (o estaban en condiciones de saberlo) que los fondos prestados no beneficiaban a la población.
Esta doctrina que fue aplicada varias veces a lo largo de la historia, por diferentes gobiernos es también útil para denunciar como odiosas las deudas reclamadas por el Banco Mundial y el FMI a los países del Sur
Según esta doctrina, la naturaleza despótica o democrática de un régimen no debe tenerse en cuenta.
El padre de la doctrina de la deuda odiosa, Alexander Sack dice claramente que se pueden atribuir a un gobierno regular deudas odiosas. Según Sack: «una deuda regularmente contraída por un gobierno regular (puede) considerarse como incuestionablemente odiosa,…» Sack definía un gobierno regular de la siguiente manera: «Debemos considerar un gobierno regular el poder supremo que existe efectivamente dentro de los límites de un territorio determinado. Que ese poder sea monárquico (absoluto o limitado) o republicano; que proceda de la «gracia de Dios» o de la «voluntad del pueblo»; que exprese la «voluntad del pueblo» o no, del pueblo entero o solamente de una parte de éste¸ que se haya establecido legalmente o no, etc., todo esto no tiene importancia para el problema que nos ocupa.» (p. 6) (negrita de É.T.) Fuente: Les effets des transformations des États sur leurs dettes publiques et autres obligations financières : traité juridique et financer, Recueil Sirey, París, 1927. Se puede consultar el texto completo en:
http://cadtm.org/IMG/pdf/Alexander_Sack_DETTE_ODIEUSE.pdf
Sack escribió que una deuda puede considerarse odiosa si:
«Las necesidades, a causa de las cuales el anterior gobierno había contraído la deuda en cuestión, eran “odiosas” y francamente contrarias a los intereses de la población de todo o parte del antiguo territorio y, los acreedores, en el momento de la emisión del préstamo, habían estado al corriente de su destino odioso.»
Y prosigue: «Establecidos estos dos puntos, correspondería a los acreedores la tarea de probar que los fondos producidos por los citados préstamos habían sido utilizados, de hecho, no para necesidades odiosas, dañinas para la población de todo o de parte del Estado, sino para necesidades generales o especiales de ese Estado, que no ofrecen un carácter odioso.» (Véase:
http://www.cadtm.org/La-deuda-odiosa-segun-Alexander)
Esta doctrina que fue aplicada varias veces a lo largo de la historia, por diferentes gobiernos es también útil para denunciar como odiosas las deudas reclamadas por el Banco Mundial y el FMI a los países del Sur.
Recurrir a préstamos legítimos y financiar el Estado por impuestos socialmente justos
Dicho esto, el endeudamiento público no es malo en sí, si se concibe de una manera radicalmente distinta del sistema actual.
El empréstito público es totalmente legítimo si sirve a proyectos legítimos y si aquellos que contribuyen al empréstito lo hacen de manera legítima.
El empréstito público es totalmente legítimo si sirve a proyectos legítimos y si aquellos que contribuyen al empréstito lo hacen de manera legítima
La deuda pública podría utilizarse para financiar ambiciosos programas de transición ecológica y no para aplicar políticas antisociales, extractivistas y productivistas que favorecen la competencia entre las naciones.
Efectivamente, las autoridades públicas pueden utilizar los préstamos, por ejemplo, para:
Financiar el cierre total de las centrales térmicas y nucleares.
Reemplazar las energías fósiles por fuentes de energía renovables respetuosas del medio ambiente.
Financiar la conversión de los métodos agrícolas actuales (que contribuyen al cambio climático y utilizan muchos insumos químicos responsables de la disminución de la biodiversidad), y al mismo tiempo, favorecer la producción local de alimentos biológicos para volver a la agricultura compatible con nuestra lucha contra el cambio climático.
Reducir radicalmente los transportes aéreos y por carretera, y desarrollar los transportes colectivos y la utilización del tren.
Financiar un programa ambicioso de vivienda social, con poco consumo de energía.
Un gobierno popular no dudará en obligar a las empresas (nacionales, extranjeras o multinacionales) así como a las familias más ricas a contribuir al empréstito sin obtención de ningún beneficio, es decir con interés nulo y sin compensación en caso de inflación.
Al mismo tiempo, las familias de clases populares que tienen ahorros serán invitadas a confiar esos ahorros a los poderes públicos para financiar los proyectos legítimos ya citados. Esa financiación voluntaria por las clases populares estaría remunerada por un impuesto real positivo, por ejemplo del 4 %. Eso significa que si la inflación anual alcanzara el 3 %, las autoridades públicas pagarían un interés nominal del 7 %, para garantizar un tipo real del 4 %.
Un mecanismo de este tipo sería perfectamente legítimo ya que permitiría financiar proyectos realmente útiles para la sociedad y porque contribuiría a reducir la riqueza de los ricos, aumentado al mismo tiempo los ingresos de las clases populares.
Hay también otras medidas que deben permitir la financiación legítima del presupuesto del estado: establecer un impuesto a las grandes fortunas y a los más altos ingresos, descontar las multas sobre las empresas responsables del gran fraude fiscal, reducir radicalmente los gastos militares, acabar con los subsidios a bancos y a grandes empresas, aumentar los impuestos a las empresas extranjeras especialmente en los sectores de las materias primas…
Los pueblos se liberarán por sí mismos
Actualmente, en 2020, aparte de Cuba, ningún gobierno habla de un cambio profundo de las reglas del juego a favor de los pueblos. Los gobiernos de China, de Rusia y de los principales PED (India, Brasil, Nigeria, Indonesia, Tailandia, Crea del sur, México, Argelia, Sudáfrica…) no expresan ninguna intención de cambiar en la práctica la situación mundial en beneficio de los pueblos.
tarde o más temprano, los pueblos se liberarán de la esclavitud de la deuda y de la opresión ejercida por las clases dominantes del Norte y del Sur. Obtendrán por su lucha el establecimiento de políticas que redistribuyan las riquezas y que acaben con el modelo productivista destructor de la naturaleza
Y, sin embargo, en el plano político, si quisieran, los principales PED podrían constituir un potente movimiento capaz de imponer reformas democráticas fundamentales de todo el sistema multilateral. Podrían adoptar una política radical: repudiar la deuda y aplicar un conjunto de políticas que rompan con el neoliberalismo.
Estoy persuadido de que eso no se materializará: el escenario radical no se pondrá en marcha a corto plazo. Una aplastante mayoría de dirigentes actuales de los PED están totalmente atrapados en el modelo neoliberal. En la mayoría de los casos, están totalmente ligados a los intereses de las clases dominantes que no ofrecen ninguna perspectiva de alejamiento real (sin siquiera hablar de ruptura) en relación a las políticas seguidas por las grandes potencias industriales, de las cuales, en la actualidad, China forma parte. Los capitalistas del Sur se refugian en un comportamiento de rentistas, y cuando no es el caso, buscan, cómo máximo, ganar partes de mercado. Es el caso de los capitalistas brasileños, surcoreanos, chinos, rusos, sudafricanos, indios… que piden a sus gobiernos obtener de los países más industrializados concesiones en el marco de negociaciones comerciales bilaterales o multilaterales. Además, la competición y los conflictos entre los gobiernos de los PED, entre los capitalistas del Sur, son reales y pueden exacerbarse. La agresividad comercial de los capitalistas de China, de Rusia, del Brasil con respeto a sus competidores del Sur provoca divisiones tenaces.
Generalmente, se produce un entendimiento (entre ellos y entre el Sur y el Norte) para imponer a los trabajadores de sus países un deterioro de las condiciones de trabajo bajo pretexto de aumentar al máximo su competitividad.
Pero más tarde o más temprano, los pueblos se liberarán de la esclavitud de la deuda y de la opresión ejercida por las clases dominantes del Norte y del Sur. Obtendrán por su lucha el establecimiento de políticas que redistribuyan las riquezas y que acaben con el modelo productivista destructor de la naturaleza. Los poderes públicos estarán obligados a dar prioridad absoluta a la satisfacción de los derechos humanos fundamentales.
Salir del ciclo infernal del endeudamiento sin caer en una política de caridad
Para eso, se requiere una gestión alternativa: es necesario salir del círculo infernal del endeudamiento sin caer en una política de caridad que tiene por fin perpetuar un sistema mundial dominado completamente por el capital y por algunas grandes potencias y sociedades transnacionales. Se trata de establecer un sistema internacional de redistribución de los ingresos y de las riquezas con el fin de reparar el saqueo multisecular a los que se han sometido los pueblos de la periferia, y continúan siéndolo. Esas reparaciones bajo forma de donaciones no dan ningún derecho de injerencia de los países más industrializados en los asuntos de los pueblos que han sido compensados. En el Sur, se trata de inventar mecanismos de decisión sobre el destino de los fondos y del control sobre su utilización en manos de las poblaciones y de las autoridades públicas concernidas. Eso abre un amplio campo de reflexión y de experimentación.
La movilización de agricultores y de pescadores de Gujarat (oeste de la India), víctimas de los efectos ambientales y sociales de una central de carbón financiada por la Sociedad financiera Internacional (SFI), que es la encargada dentro del Grupo Banco Mundial, de la financiación de empresas privadas, produjo una sentencia importante de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 27 de febrero de 2019. Los jueces decidieron que la Sociedad Financiera Internacional (SFI) no podía reclamar la inmunidad de las organizaciones internacionales que tienen cuando financian actividades comerciales. Eso muestra que la acción popular puede dar resultados positivos.
Abolir el Banco Mundial y el FMI, y reemplazarlos por otras instituciones multilaterales
Hay que ir más lejos y abolir el Banco Mundial y el FMI para reemplazarlos por otras instituciones mundiales caracterizadas por un funcionamiento democrático. El nuevo Banco Mundial y el nuevo Fondo Monetario internacional, cualquiera sea su nuevo nombre, deben tener misiones radicalmente diferentes de sus predecesores: deben garantizar la satisfacción de los tratados internacionales sobre los derechos humanos (políticos, civiles, sociales, económicos y culturales) en el ámbito del crédito internacional y de las relaciones monetarias internacionales. Esas nuevas instituciones mundiales deben formar parte de un sistema institucional mundial promovido por las Naciones Unidas radicalmente reformado. Es esencial y prioritario que los países en desarrollo se asocien para constituir lo antes posible entidades regionales dotadas de un Banco común y de un Fondo monetario común. Durante la crisis del Sudeste asiático y de Corea de 1997 a 1998, los países afectados habían pensado en la constitución de un Fondo monetario asiático. La discusión fue abortada por la intervención de Washington. La falta de voluntad de los gobiernos hizo el resto. En América del Sur, bajo el impulso del gobierno de Hugo Chávez, se establecieron los fundamentos de un Banco del Sur en 2008, pero finalmente no se llegó a nada. En 2007-2009, el gobierno ecuatoriano afrontó a sus acreedores y obtuvo una victoria, pero los otros gobernantes de izquierda de la región no lo siguieron.
Con la epidemia de la Covid-19, uno se da cuenta de que el Banco Mundial y el FMI contribuyeron a degradar los sistemas de salud
En 2020, la crisis sanitaria mundial provocada por el coronavirus mostró hasta qué punto las políticas dictadas por el dúo Banco Mundial/FMI y aplicadas por los gobiernos degradaron los servicios públicos de salud y dejaron que la epidemia devastara. Si, dando la espalda al Consenso de Washington y al neoliberalismo, los gobiernos hubieran reforzado los instrumentos esenciales de una buena política de salud pública tanto por el personal empleado, como por las infraestructuras, los stocks de medicamentos, los equipamientos, la investigación, la producción de medicamentos y de tratamientos, como también de la cobertura sanitaria de la población, la crisis del coronavirus no hubiera alcanzado tales proporciones.
Si los gobiernos hubieran roto con la lógica de austeridad del Banco Mundial y del FMI, un aumento radical de inversiones en salud pública habría tenido también efectos muy importantes para combatir otras enfermedades que golpean sobre todo a los países del Sur globa
Efectivamente, si los gobiernos hubieran roto con la lógica de austeridad del Banco Mundial y del FMI, un aumento radical de inversiones en salud pública habría tenido también efectos muy importantes para combatir otras enfermedades que golpean sobre todo a los países del Sur global.
Según el último Informe sobre paludismo en el mundo, publicado en diciembre de 2019, 228 millones de casos de paludismo fueron detectados en 2018 y se calculo en 405.000 el número de decesos debidos a esta enfermedad. En 2018, 10 millones de personas contrajeron la tuberculosis y 1,5 murieron de la enfermedad, entre los cuales 251.000 portadores de VIH). Estas enfermedades podrían ser combatidas con éxito si los gobiernos dedicaran para ello los recursos suficientes.
Otras medidas complementarias podrían también permitir combatir la malnutrición infantil y el hambre que destruyen la vida cotidiana de uno de cada 9 seres humanos, o sea, más de 800 millones de habitantes del planeta. Cerca de 2,5 millones de niños mueren cada año en el mundo, directamente por desnutrición, o por enfermedades ligadas a su débil inmunidad debido a la subalimentación.
Así mismo, si se realizaran inversiones para aumentar masivamente el aprovisionamiento de agua potable y de la evacuación/saneamiento de las aguas residuales, también se podría lograr una reducción radical de las muertes por enfermedades diarreicas, que llegan a ser más de 430.000 por año (Fuente: OMS 2019).
Aunque habría que abolir las deudas ilegítimas reclamadas a los pueblos, el Banco Mundial, el FMI y la mayoría de gobernantes solo hablan de moratoria de pago y proponen nuevas fórmulas de endeudamiento. La Covid-19 está siendo utilizada para reforzar un nuevo ciclo de endeudamiento masivo con condiciones que acentúan la austeridad y afectan el bienestar de las generaciones futuras.
Suspensión inmediata del pago de las deudas públicas, junto a una auditoría con participación ciudadana con el fin de anular la parte ilegítima de esas deudas
La suspensión inmediata del pago de las deudas públicas debe hacerse junto a una auditoría con participación ciudadana con el fin de identificar la parte ilegítima y anularla.
Una cosa debe quedar clara: si se busca la emancipación de los pueblos y la plena satisfacción de los derechos humanos, las nuevas instituciones financieras y monetarias, tanto regionales como mundiales, deben estar al servicio de un proyecto de sociedad en ruptura con el capitalismo, el neoliberalismo, el extractivismo y el productivismo.
Es necesario contribuir tanto como sea posible a que un nuevo y potente movimiento social y político sea capaz de ayudar a la convergencia de las luchas sociales y de contribuir a la elaboración de un programa de ruptura con el capitalismo priorizando soluciones anticapitalistas, antirracistas, ecologistas, feministas, internacionalistas y socialistas.
Es fundamental actuar para la socialización de los bancos con la expropiación de los grandes accionistas, para la suspensión del pago de la deuda pública dando tiempo a la realización de una auditoría con participación ciudadana con el fin de repudiar la parte ilegítima de la deuda, por un impuesto de crisis muy elevado para los más ricos, para la anulación de las deudas reclamadas de manera ilegítima a las clases populares (deudas estudiantiles, deudas hipotecarias abusivas, microcréditos abusivos…), para el cierre de las bolsas de valores que son lugares de especulación, para la reducción radical del tiempo de trabajo (con mantenimiento del salario) con el fin de crear un gran número de empleos socialmente útiles, para el aumento radical de los gastos públicos de salud y educación, para la socialización de las empresas farmacéuticas y del sector de la energía, para la relocalización del máximo posible de producción y el desarrollo de circuitos cortos y toda una serie de otras demandas esenciales.
Traducido por Griselda Pinero
Notas
[1] El Banco Mundial concedió préstamos a Portugal hasta 1967.
[2] El vocabulario para designar a los países a los cuales el Banco Mundial destinaba sus préstamos de desarrollo evolucionó a lo largo de los años: al comienzo se había empleado el término de «regiones atrasadas», luego se pasó a «países subdesarrollados» para llegar a «países en desarrollo», algunos de los cuales son llamados «países emergentes»
[3] « Developping countries, in aggregate, were net lenders to developed countries.” (World Bank, Global Development Finance 2003, p. 13). En la edición 2005 del Global Development Finance, p. 56, el Banco escribió: «Los países en desarrollo ahora son exportadores de capitales hacia el resto del mundo.» (« Developping countries are now capital exporters to the rest of the world.” World Bank, GDF 2005, p. 56).
* Eric Toussaint doctor en Ciencias políticas de la Universidad de Lieja y de la Universidad de París VIII, es el portavoz del CADTM internacional y es miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia.
Es autor de diversos libros, entre ellos: Banco Mundial. Una historia crítica, El Viejo Topo, 2022 Capitulación entre adultos. Grecia 2015: Una alternativa era posible, El Viejo Topo, Barcelona, 2020; Sistema Deuda. Historia de las deudas soberanas y su repudio, Icaria Editorial, Barcelona 2018; Bancocracia Icaria Editorial, Barcelona 2015; Una mirada al retrovisor: el neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad, Icaria, 2010; La Deuda o la Vida (escrito junto con Damien Millet) Icaria, Barcelona, 2011; La crisis global, El Viejo Topo, Barcelona, 2010; La bolsa o la vida: las finanzas contra los pueblos, Gakoa, 2002. Ha sido miembro de la Comisión de Auditoria Integral del Crédito (CAIC) del Ecuador en 2007-2011.
Coordinó los trabajos de la Comisión de la Verdad Sobre la Deuda, creada por la presidente del Parlamento griego. Esta comisión funcionó, con el auspicio del Parlamento, entre abril y octubre de 2015. El nuevo presidente del Parlamento griego anunció su disolución el 12 de noviembre de 2015.
