Las huellas de la Memoria

Juicio y castigo a los genocidas autores de los crímenes de lesa humanidad

Se cumplen 40 años del histórico Juicio a las Juntas militares, autores del terrorismo de Estado, mercenarios del poder económico local y trasnacional, provocando la mayor calamidad que registra la historia nacional.

La tarde del 22 de abril de 1985 comenzaba el debate oral contra los nueve jefes militares de la dictadura.

Madres, hijos, hermanas, abuelas, obreros, estudiantes marcharon por los ausentes ese 22 de abril, y más allá de aquella movilización imborrable. Gritaban, “Los desaparecidos exigimos juicio y castigo a todos los culpables”.

El juicio es considerado a nivel mundial una baliza que señala el camino de la condición humana en la noche más oscura y horrenda. A diferencia de Juicios de Núremberg (1945-1946), que juzgó y sentenció a los jerarcas nazis.

El Nunca Más comenzó a sonar en los relatos de los sobrevivientes de los campos de concentración, en desgarradores testimonios de mujeres torturadas, violadas, mutiladas con ratas que le introducían en la vagina. Todo el horror, todas las muertes, la apropiación de bebes, los torturados eran drogados y tirados al mar desde los “vuelos de la muerte”, todo el dolor abierto de par en par para que los demás de una sociedad esculpida por el miedo y el espanto, por la ignorancia editada por los medios de comunicación, socios al golpe de estado que los llevaron a pensar “que algo habrán hecho”. Y lo hicieron derramando testimonios de todos los suplicios, aberraciones, de esos militares, curas, empresarios, embajadores, servidores de inteligencia y el brazo armado de la industria cultural. El Juicio a las Juntas Militares desnudó el perverso mecanismo del genocidio para apropiarse del control económico y de la riqueza nacional.

Roberto Gargarella, es abogado y sociólogo de la Universidad de Buenos Aires y Doctor en Derecho (UBA), investigador Conicet, sostiene que “El Juicio a las Juntas renovó las formas. Fue la primera vez que se realizó un juicio oral (hasta entonces todos los procedimientos eran por escrito) y que la investigación estuvo enteramente a cargo de los fiscales. A diferencia de países como Estados Unidos, en Argentina la investigación penal históricamente ha estado a cargo de un juez de instrucción, con un rol más relegado del fiscal. Moreno Ocampo, en el prólogo de nuestro libro, explica que esta innovación –dejar la investigación en manos de los fiscales– fue lo que les permitió reunir en muy pocos meses una cantidad abundante de prueba documental y testimonial, basada en muchos casos en el trabajo previo que había hecho la Conadep”.

Histórico el Texto del Decreto 158/83.

Considerando: Que la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y los mandos orgánicos de las fuerzas armadas que se encontraban en funciones a esa fecha concibieron e instrumentaron un plan de operaciones contra la actividad subversiva y terrorista, basado en métodos y procedimientos manifiestamente ilegales. Que entre los años 1976 y 1979 aproximadamente, miles de personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, torturadas y muertas como resultado de la aplicación de esos procedimientos de lucha inspirados en la totalitaria «doctrina de la seguridad nacional». Leer, analizar y compartir el texto completo en nota aparte.

Agustina Michel, abogada, investigadora asociada del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), sostiene que “La democracia constitucional en la Argentina hizo pie con el Juicio a las Juntas. Hasta entonces, los militares tomaban el gobierno y luego lo abandonaban sin rendir cuentas. Los golpes de Estado eran vistos como mecanismos políticos normales, y así fue como sumamos unos 50 años de gobiernos electos que no terminaban su mandato. El Juicio rompió con esa tradición enjuiciando a quienes habían usurpado el poder y cometido crímenes que hoy se reconocen como de lesa humanidad.

 El Juicio que comenzó en abril finalizó en diciembre. Tuvo 800 testigos, se estudiaron más de 700 casos dejando al desnudo el plan sistemático de exterminio, los centros clandestinos, el mecanismo criminal organizado por las fuerzas armadas. Los militares tuvieron su defensa, hicieron su alegato, las víctimas desenmascararon el impune plan criminal y Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera sentenciados a prisión perpetua. El proceso de los juicios no se detuvo y contabiliza cerca de 1200 condenados.

Los integrantes de aquella cámara Federal fueron León Carlos Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Andrés D’Alessio, Guillermo Ledesma, Jorge Torlasco y Jorge Valerga Aráoz.  

Los fiscales fueron Julio César Strassera, su adjunto, Luis Moreno Ocampo.