La encrucijada de la economía
Por Horacio Rovelli *
La pandemia y la cuarentena impactaron de lleno en la actividad económica. A pesar de los sendos decretos oficiales que prohibieron los despidos durante los tres meses más duros del aislamiento social y preventivo obligatorio hubo más de 300 mil trabajadores registrados privados que perdieron su fuente de trabajo. Según el INDEC, en junio de 2020 en todo el país se contabilizan 9.475.600 personas asalariadas registradas incluyendo al sector privado (en junio de 2020 había 5.781.000 personas asalariadas en el sector privado y 3.217.500 en dependencias públicas nacionales, provinciales y municipales) y 2.287.000 de trabajadores independientes (monotributistas y autónomos), conformando un total de 11.762.600 personas ocupadas.A su vez el mismo Instituto estadístico oficial sostenía que en ese mes de junio 2020 la Canasta Básica Total para una familia de cuatro integrantes y que es lo mínimo que necesita para no ser pobre, era de un ingreso de $ 43.810,7 por mes, el problema es que la remuneración media mensual de un trabajador en actividad era a esa fecha de $ 54.086, mientras que el beneficio previsional medio fue de $ 24.430.- Muchos trabajan y no superan la línea de pobreza y, muchos trabajaron toda su vida y son pobres.La pandemia y la cuarentena impactaron de lleno en la actividad económica. A pesar de los sendos decretos oficiales que prohibieron los despidos durante los tres meses más duros del aislamiento social y preventivo obligatorio hubo más de 300 mil trabajadores registrados privados que perdieron su fuente de trabajo. La situación es más grave para los 1,4 millones de trabajadores no registrados que quedaron sin empleo al igual que para las 900 mil personas que, siendo autónomas, también salieron del mercado laboral, por lo que solamente hasta junio 2020 se sumaban 2.600.000 desocupados más.El dato más impactante del informe de Mercado de Trabajo de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC del segundo trimestre del 2020 es el derrumbe de la denominada tasa de actividad, que cayó en promedio hasta el 38,4% de la población cuando un año atrás se ubicaba en el 47,7%. Por eso la PEA (Población Económicamente Activa), en los 31 aglomerados urbanos donde se realiza el relevamiento, pasó de los 13,5 millones de personas hasta los 10,9 millones. Si ese universo se proyectara al total de la población entonces la Población Económicamente Activa habría pasado de 20,7 millones de personas a 16,7 millones, quiere decir que la principal expresión de la crisis laboral fue la muy significativa caída de la tasa de actividad, el indicador pasó del 47,7 al 38,4 por ciento entre los segundos trimestres de 2019 y 2020, lo cual da cuenta que 3 millones y medio de personas se retiraron del mercado laboral, es decir, dejaron de tener trabajo o de buscarlo activamente. Paradójicamente, horas después de que el INDEC diera a conocer estas cifras el gobierno nacional prorrogó el decreto que prohíbe despedir trabajadores sin causa por otros 60 días, hasta el 30 de noviembre 2020.Por ende, el impacto de la pandemia se sintió especialmente entre los cuentapropistas y en los sectores informales de la economía. Por ese motivo el porcentaje de trabajadores informales se redujo drásticamente pasando del 34,5% al 23,8% del total de los trabajadores en actividad y dejando en evidencia la brutal exposición en la que se encuentra un tercio de los asalariados en el país.La fuerte caída en la tasa de actividad en el segundo trimestre tiene relación con el marco del aislamiento social dispuesto por el gobierno nacional. Un estudio de la Universidad de Nacional de San Martín (En el Partido de San Martín – Gran Buenos Aires) afirma: “Considerando las restricciones a la circulación, la mayor parte de quienes perdieron su fuente de trabajo no buscaron activamente otra sino que, por el contrario, ante la imposibilidad fáctica de hacerlo, se retiraron del mercado laboral”.El 83 por ciento de la caída del número de ocupados se explica por los asalariados informales y los trabajadores por cuenta propia. En tanto, la cantidad de puestos de trabajo no registrados se redujo un 44 por ciento y el de cuentapropistas cayó 28 por ciento. “Esta realidad contrastó fuertemente con la situación de los trabajadores formales en relación de dependencia, ya que la reducción de la cantidad de personas que estaban insertas en esa modalidad ocupacional fue del 4 por ciento. Los datos oficiales dan cuenta de que las políticas de sostenimiento del empleo implementadas por el Estado Nacional lograron mitigar el impacto de la crisis”, advierte el trabajo.“Fue eficaz la prohibición de los despidos, el programa ATP (que consiste en el pago de salarios a los trabajadores de las empresas más afectadas y la reducción de contribuciones patronales) y el mecanismo ágil de validación de suspensiones con pago del 75 por ciento del salario. Su implementación permitió que el empleo formal en relación de dependencia no fuera impactado del mismo modo que las inserciones ocupacionales más precarias e inestables, que fueron destinatarias del Ingreso Familiar de Emergencia, tendiente a compensar la caída de sus ingresos”, indica el informe.A nivel sectorial, el peor desempeño a nivel laboral del segundo trimestre en la comparación interanual se registró en hoteles y restaurantes (-45 por ciento), seguido de construcción (41 por ciento), trabajo doméstico (-39,0), comercio (-25,0), transporte, almacenamiento y comunicaciones (-23,0), servicios financieros y de alquiler (-18,0), industria manufacturera (-17,0), actividades primarias (-12,0), enseñanza (-8,0) y servicios sociales y de salud (-8,0).TUCUMANNuestra provincia no escapa a las generales de la Ley, máxime cuando la demanda de trabajo industrial está muy centrada en pocas ramas y el comercio, el turismo y actividades anexas, fueron los más castigadas por la pandemia, razón por la cual la Tasa de Actividad que mide la cantidad de personas que tienen trabajo o lo buscan activamente descendió fuertemente. El estudio se basa en la población de Gran San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo que se encuentra económicamente activa y que era en el tercer trimestre 2019 de 47,8% a solo el 34,6% en el segundo trimestre 2020, e implica un total de 400.500 personas ocupadas para San Miguel y Tafí Viejo, cuando la provincia cuenta con más de 1.650.000 habitantes.Lo cierto es que para toda la provincia, un poco más de 210.000 personas trabajan en los distintos estamentos públicos nacionales, provinciales y municipales que son fuertemente demandante de mano de obra (policía, educación salud, justicia, vialidad, administración, etc.), otros trabajadores por encima de los 210.000 en el sector privado, básicamente en comercio, en algunas industrias y en la siembra y cosecha (trabajo estacional) de soja, caña de azúcar, porotos, limón, tabaco, arándano, papa semilla, frutilla, palta y otros cultivos menores y cría de animales. Se puede advertir el efecto adverso de la pandemia en las actividades terciarias que están basadas en el comercio, los servicios, la administración pública y en el turismo, que es una actividad que había crecido a lo largo de los años debido a la apertura de hoteles y explotación de sitios turísticos.Dentro del sector manufacturero, las industrias agroalimentarias tienen una alta relevancia. Aunque también adquiere notoriedad la producción de papel y de pasta de celulosa. Existe un importante desarrollo de la industria autopartista que se explica, en su mayor parte, por la presencia de la firma Scania con su planta productiva en la localidad de Colombres, en el departamento Cruz Alta. El resto de la actividad se reparte en unos pocos establecimientos de escasa importancia en términos de puestos de trabajo y valor de producción. El empleo del sector automotriz de la provincia representa un 1% del empleo sectorial y representa un 3% de la industria y un 0,4% del empleo total (812 puestos de trabajo).
LA ENCRUCIJADA
Se debe encontrar un camino que impulse fuertemente el mercado interno y permita, una vez superada la pandemia que crezca el nivel de actividad. La Argentina destina más del 75% de lo que produce a su mercado interno (Y en Tucumán la proporción es incluso mayor), por eso necesita generar empleo y bien remunerado, para que la multiplicación de los trabajadores y mayores salarios generen una demanda genuina y sostenida.El mayor impedimento es los que buscan que suba el precio del dólar, sabiendo que en el país existe una relación inversamente proporcional entre el poder adquisitivo del salario y el valor del tipo de cambio. Si el precio del dólar sube el salario real se cae. Esto es así porque se vende al exterior básicamente lo mismo que se consume (consumimos relativamente poca soja, pero la soja reemplaza a otros cultivos y a la cría de animales, incrementando su precio por dejarle menor hectáreas de tierras y no las mejores), con lo que por buscar que los salarios en dólares en la Argentina sean menor que en Brasil (objetivo explicitado por Paolo Rocca de Techint y Cristiano Ratazzi de FIAT) no se sale de la recesión que va a ser tan profunda como será la caída del poder adquisitivo de los que trabajamos.La suba del tipo de cambio encarece los alimentos, reduce el salario real (dado el salario nominal que no se incrementa en la misma proporción) y, dado el aumento del precio de los alimentos, comprime la demanda de otros bienes, por ejemplo, manufacturas, de parte de los trabajadores.A su vez la oferta del bien exportable depende de la demanda de otros mercados, por ende el aumento de su precio no estimula mayor producción ni empleo en el sector. La caída en la demanda de manufacturas no se ve compensada por una demanda proveniente de los mayores beneficios del sector que produce el bien exportable y si como la ha demostrado nuestra historia en los últimos 45 años, los mayores beneficios del sector exportable se dirigen a la demanda de bienes importados para ellos y a la fuga de capitales.Por eso el gobierno debe defender contra viento y marea el precio oficial del tipo de cambio, base y punto de partida de la recuperación económica y social del país.
*Horacio Rovelli es Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción (FETyP). Vocal de la revista Realidad Económica. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Autor de numerosos trabajos publicados sobre los temas económicos y financieros.
