Montenegro: un intendente que hace de la violencia su política

Por Tony Nicolao

Nadie va a descubrir nada original si plantea que la violencia ha existido desde que el ser humano se irguió sobre sus pies y levantó la mirada de la tierra.

Allí están los estudios de la historia, de la antropología, de la filosofía, de la psicología para darnos a entender cómo es el hombre. 

La humanidad es testigo de la necesaria evolución de su estado primitivo de violencia. Han transcurrido siglos de luchas y ejercicios de guerras en todos los continentes hasta ir, paulatinamente, acercándose a una convivencia, al menos, más ordenada y menos cruenta. Nunca resuelta del todo. Basta mirar a Medio Oriente.

En el siglo XIX, al calor del surgimiento de los Estado nacionales, la conformación de los mismos requirió de organismos regulatorios que se organizaron en leyes magnas y leyes comunes. Las Constituciones Nacionales le dieron cuerpo a las leyes magnas. Nace así el Derecho Constitucional.

Nuestra CN fue sancionada en 1853, en pleno auge del liberalismo del siglo XIX. Tiene sus antecedentes en 1829 y luego de 1853 sólo recibió algunos ajustes hasta 1949, fecha en la que el gobierno de Juan Domingo Perón le dió una orientación popular, en defensa del trabajo y de los trabajadores más que de las clases sociales dominantes.

Pero duró poco. Sólo hasta 1955: el año de la violencia por antonomasia donde el mismo Estado asesinó a su propia población bombardeando una plaza a cielo abierto prohibiendo la Constitución Nacional de la reforma peronista con el fin de instaurar un Nuevo Régimen: el de la proscripción. Nunca visto en la historia de la humanidad.

En nuestra Constitución Nacional, los derechos humanos fundamentales al trabajo, al salario digno, a la salud y a la vivienda adecuada han permanecido inalterables.

Ni siquiera los regímenes dictatoriales que gobernaron el país, como los encabezados por Rojas, Aramburu, Onganía, Lanusse, Videla, Viola o Galtieri consiguieron erradicarlos.

Resulta paradojal que, a pesar de los desórdenes políticos y económicos acontecidos entre la década de 1990 que desembocara en la emblemática crisis de 2001, en la actualidad se estén gestando las circunstancias propicias para una expresión de violencia estatal que nos remonta a un período previo al establecimiento del Derecho Constitucional.

Creíamos haber llegado a un consenso social y politico de que no volveríamos a ese estado de violencia social y discriminación económica.

Se trata de una nueva gobernanza basada en el ejercicio de la violencia del aparato estatal bajo la construcción de un ‘orden’ que remite a la secuencia de legitimación del abuso del poder tomando el concepto de selectividad social, una expresión del darwinismo aplicado a la política. La noción de ‘orden’ es apoyada con su contrario: ‘caos’. Esta antinomia ha estado presente en la Argentina desde sus momentos fundacionales.

El ‘caos’ lo representan las fuerzas populares. El ‘orden’: lo representan las fuerzas hegemónicas lideradas por las élites dominantes. Una lectura dicotómica que evita la complejidad del análisis social, económico y político. Es la lectura de la ‘grieta’: aplicación sin más del racismo en todas y en cada una de sus derivas: de la inteligencia, de la piel, de la condición social, de la situación económica, del mundo del trabajo. Forma parte del ideario de la Alemania del ‘30, la que originó el movimiento criminal más grande que hasta ahora conozca la historia de la humanidad. También fue elegido por el pueblo y para poner un ‘orden’.

La expresión preclara de esta situación de violencia política actual, se presenta en las figuras de Milei y de Patricia Bullrich pero tiene antecedentes en el periodo de 2016 a 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri. De hecho, tanto Milei como Bullrich son terminales del ex presidente argentino. ¿Casualidad? ¿Destino? ¡En absoluto!: determinación y fundamentación política asociada a un paradigma global de radicalización de las extremas derechas que se están expandiendo en el mundo occidental.

Milei y Bullrich son la encarnación del odio en nombre del orden. Tienen sus alfiles en los territorios provinciales y municipales como el caso del intendente de Mar del Plata, ciudad paradójica si las hay, puesto que nació al calor de la ‘belle époque’ del siglo XIX y fue desplazada de su lugar de la ‘Biarritz argentina’ por una ciudad turística de las clases trabajadoras a las que el gobierno de Perón (¡otra vez Perón!) les dio la posibilidad de conocer y disfrutar de sus playas y su benévolo clima veraniego.

Guillermo Montenegro personifica la figura de un Estado que aspira a establecer un orden coercitivo a través de una aplicación desmedida del poder que le ha sido conferido. Dicha imposición se ejecuta bajo el amparo de un concepto de «equilibrio» que desplaza categóricamente el derecho constitucional, el cual se cimenta en la justicia social y la salvaguarda irrestricta de los derechos humanos.

Pero, ¿sobre quién ejerce ese poder? ¿quiénes son los afectados?

En Mar del Plata, las únicas víctimas son los pobres, blanco de las acusaciones de vagancia, errancia, adicciones y perversiones morales a quienes persigue y castiga en nombre de la ley y el orden, evitando ir a las causas de la miseria que está instalada en nuestra ciudad. ¡Hipócrita!

Allí están los desposeídos, los miserables, los abandonados, las vidas desperdiciadas del sistema económico y social, los desarrapados, los olvidados, los desocupados, las doblemente víctimas del neoliberalismo atroz y voraz que expulsa de la justicia social y despoja de los derechos humanos elementales a miles de ciudadanos a quienes no se los cobija ni cuida ni alienta ni protege desde el Estado y – al mismo tiempo – los coloca en el lugar de victimarios del sistema que los expulsó. ¡Perverso!

Montenegro es Bullrich. Montenegro es Espert. Montenegro es MIlei. Montenegro es la violencia ilegítima e ilegal amparado en el imaginario del nuevo orden político nacional.

Montenegro muestra una clara preferencia por el uso de lenguaje discriminatorio. Apoya los videos de TikTok que comparte en redes sociales, los cuales registran el accionar abusivo de su policía municipal contra los cuidadores de vehículos (conocidos popularmente como ‘trapitos’), las familias sin hogar que residen en terrenos baldíos deshabitados, y las personas en situación de calle que, junto a sus hijos en edad escolar primaria, padecen las inclemencias del frío y el hambre, el abandono, la falta de higiene y la desprotección de su salud. Se regodea en la violencia. Hace alarde de su actitud policíaca.

¿Qué puede salir de esa violencia institucionalizada y legitimada por el Estado? ¿Una ciudad mejor? ¿Una ciudad más justa? ¿Una “Ciudad felíz”?

¿Qué quedó de ese Estado de derecho constituido para proteger a los más débiles? ¿Es viable una ciudad que tiene todo para producir y abrigar a todos sus habitantes si mantiene una actitud beligerante y odiadora hacia los más humildes? ¿Estamos de acuerdo con vivir en un Estado municipal que le pegue a los más débiles? ¿No debería utilizar los principios de la CN para ampliar el derecho y cobijar a los más vulnerados del sistema? ¿No es acaso ello el fundamento de la política? ¿No es el fin de la política garantizar el ejercicio del derecho constitucional al trabajo digno, a la salud, a una buena educación y una vivienda adecuada?

¿Disfruta el intendente Montenegro por ejercer la violencia institucional?

“Por los frutos los reconocerán”, reza un viejo adagio popular hebreo.

Su cercanía al ideario de Milei y de Patricia Bullrich no hace otra cosa que identificarlo con lo peor de su política: el goce de la violencia en desmedro de los más débiles.

Estemos atentos a esta lógica, porque han sido elegidos por nosotros.

Y hay que decidir próximamente.